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Viernes, 15 Enero 2016 12:23

CONVOCATÒRIA PREMI IGUALTAT-UA 2016

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CONVOCATÒRIA PREMI IGUALTAT-UA 2016

 

La Universitat d'Alacant convoca el PREMI IGUALTAT-UA 2016 (BOUA 13-01-16), al qual podran optar persones, col·lectius, entitats o institucions, pertanyents o no a la UA, que per la seua trajectòria o labor hagen contribuït a la promoció de la igualtat de gènere. La iniciativa pot partir de facultats, departaments, instituts d’investigació o altres centres, així com del Consell d'Estudiants, de les organitzacions sindicals de la UA i del Consell de Direcció.

El premi es lliurarà en un acte públic emmarcat en la celebració institucional del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones. El termini per a proposar candidats o candidates finalitza el 12 de febrer.

 

Tota la informació en el web de la Unitat d'Igualtat

 

Mª José Rodríguez Jaume

Delegada del rector per a Polítiques de Gènere

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CONVOCATORIA PREMIO IGUALDAD-UA 2016

 

La Universidad de Alicante convoca el PREMIO IGUALDAD-UA 2016 (BOUA 13-01-16),  al que podrán optar personas, colectivos, entidades o instituciones, pertenecientes o no a la UA, que por su trayectoria o labor hayan contribuido a la promoción de la igualdad de género. La iniciativa puede partir de facultades, departamentos, institutos de investigación u otros centros, así como del Consejo de Estudiantes, de las organizaciones sindicales de la UA y del Consejo de Dirección.

El premio se entregará en un acto público en el marco de la celebración institucional del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres. El plazo para proponer candidatos o candidatas finaliza el 12 de febrero.

 

Toda la información en la web de la unidad de igualdad

 

Mª José Rodríguez Jaume

Delegada del rector para Políticas de Género

Varios policías locales le acusan de injurias por decir que multaban de forma abusiva para perjudicarle en las elecciones municipales de mayo
La ex alcaldesa de Elda esgrimió su condición de "aforada" antes de tomar posesión de su acta en la Cámara Alta

• Héctor Fernández
• Hectorfdez
ACTUALIZADO 12/01/201620:55

El presidente del PP y del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, confirmó ayer la disposición de su partido a renunciar a la Presidencia del Congreso, que sería para el PSOE. Ese principio de acuerdo preveía también que el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, estará presidido por Pío García Escudero, con Pedro Sanz como vicepresidente y Luis Aznar y la ex alcaldesa de Elda, Adela Pedrosa en las secretarías.
Estos planes puede que cambien toda vez que el pasado lunes, el juzgado de Instrucción número 4 de Elda decidió elevar al supremo una denuncia de varios agentes de la Policía Local de Elda y miembros del Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana (SEP) contra la ex alcaldesa «por presuntas injurias» después de que Pedrosa comentase «públicamente en varios medios de comunicación que la Policía Local multaba sin control a los ciudadanos de forma abusiva e indiscriminada para perjudicarla políticamente».
La juez considera que «la investigada ostenta condición de aforada, y que en consecuencia no procede tomarle declaración ya que la competencia para la instrucción corresponde a la Sala Segunda del Tribunal Supremo». También prosigue, «no procede entrar a resolver la solicitud de sobreseimiento realizada por la defensa».
Desde el SEP criticaron que Pedrosa «pretende aprovechar su situación de aforada» para intentar librarse de la justicia y no declarar como imputada cuando debía, sin ni siquiera haber tomado posesión de su cargo, algo que puede que sea legal, pero desde luego no es nada ético», afirmaron.
El 27 de octubre se fijó la fecha de ayer para recibir a la ex alcaldesa «en calidad de imputada» pero un día después de las elecciones en las que concurrió como número uno del PP al Senado por Alicante, Pedrosa alegó no poder ir a declarar porque la sesión constitutiva de la Cámara Alta era el día 13 de enero. Entonces se fijó su declaración para el 5 de enero. Ese día la defensa de Pedrosa esgrimió su condición de aforada para no declarar.
También ese día se pidió el archivo de la causa alegando que no había delito porque «no concurría el ánimo de injuriar, sino el de la crítica política».
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/01/12/56954d6946163f4f6c8b45d2.html

Miércoles, 23 Diciembre 2015 11:07

SORTEO CESTA DE NAVIDAD

¡¡¡FELICIDADES A LA AFORTUNADA GANADORA DE LA CESTA DE NAVIDAD!!!

 

Cesta Navidad2015

El gobierno local alcanza un acuerdo con los sindicatos para clarificar los complementos de destino y abonar los atrasos, que se suman a la extra de Navidad de 2012

  •  
  • ELCHE

El concejal de Recursos Humanos, José Pérez, presentó ayer el acuerdo alcanzado con los sindicatos CC OO, UGT, SI y SEP, por el que el gobierno tripartito se compromete a abonar los 2,5 millones de euros correspondientes al complemento de destino, en aplicación de una sentencia de 2008 del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV). Este fallo anuló el sistema de aplicación de este concepto vigente en el Ayuntamiento ilicitano y se encuentra en fase de ejecución desde 2011. A este pago, que se realizará en cinco años, se une el abono de otros 2,2 millones que, a raíz de otro auto judicial nacional se deberá abonar al personal municipal por el 75% de la paga extra de Navidad de 2012.

Pérez explicó, respecto al complemento de destino, que existían tres grados de aplicación (básico, medio y superior) en determinados puestos de trabajo municipales, categorías que el TSJ encontró «discriminatoria» respecto a otros puestos municipales. Por tanto, la sentencia reclama su eliminación y en 2016, todos los funcionarios que cobren este complemento, se igualarán por la categoría superior, que será la única que regirá desde entonces.

El TSJ consideró que la graduación estaba mal aplicada, ya que se basaba en criterios subjetivos y no objetivos. Es decir, el complemento de destino tenía que adjudicarse al puesto de trabajo no a la persona, a la que se le venía aplicando uno u otro grado en función de su antigüedad, cursos de formación, etc. Además, la sentencia establecía que a los funcionarios que «tuvieran consolidado su grado» se les respetaría, y sería la Administración local la que fijara el complemento de destino de forma objetiva, como afirmó José Pérez.

Con este acuerdo, el edil confirmó que se «restablece la paz social y confianza entre los sindicatos y la corporación». Aseguró que el anterior equipo de gobierno del PP «dejó pasar toda la legislatura sin ejecutar esta sentencia», hecho que motivó la acumulación de atrasos y numerosas protestas de los funcionarios. Ahora, el fallo judicial «se hará efectivo gracias al diálogo entre el equipo de gobierno y los sindicatos».

En cuanto a las partidas presupuestarias destinadas al complemento de destino, el concejal afirmó que «supondrá un gran esfuerzo económico para el Ayuntamiento», ya que sin contar con los 2,5 millones de atrasos, solo la aplicación del grado máximo a los funcionarios afectados supondrá 600.000 euros el próximo año.

Los pagos pendientes se percibirán a partir del año 2017 y se irán pagando de forma gradual hasta el 2020, según el acuerdo alcanzado ayer en la Mesa General de Negociación de los funcionarios.

Por otra parte, el concejal destacó que el presupuesto total para el área de personal del Ayuntamiento asciende a 62 millones, en los que se incluye el presupuesto para el complemento de destino, además de la partida destinada al abono del 75% pendiente de la paga extra de Navidad del 2012, que asciende de 2,2 millones y, según recalcó Pérez, «se tiene que abonar obligatoriamente ahora».

Restablecer los derechos

Por último, el concejal aseguró que con estas medidas «se está dando un paso más» para restablecer los derechos que los empleados municipales tenían y que «les fueron arrebatados a través de las normas restrictivas que se aplicaron» por parte del gobierno del PP.

Por otra parte, en la Mesa General de Negociación celebrada ayer de los sindicatos con los concejales de Hacienda y de Recursos Humanos, Ana Arabid y José Pérez, aparte de aprobar la unificación y el abono del complemento destino, se trataron otros temas. Entre ellos, se aprobó un aumento salarial del 1% a todo el personal municipal para el año que viene, y el aumento al máximo de los complementos de destino para la Policía Local, con los plazos de abono.

Y por último, se aprobó por mayoría de los sindicatos el expediente de modificación de la RPT, para la creación de siete puestos de coordinador de área, entre otros temas.

La Verdad-Elche

Dénia deberá indemnizar con 30.000 euros a un delegado sindical al que sancionó ilegalmente Ana Kringe

 

La exalcaldesa del PP suspendió de empleo y sueldo por cuatro años y medio al representante del SEP, Andrea Pastor Zorita, por criticar en prensa la gestión municipal en la residencia


Los tribunales anulan ahora la sanción por vulnerar el derecho fundamental de libertad sindical y obligan además al consistorio a dedicar al menos otros 30.000 euros más a pagarle al sindicalista los salarios dejados de percibir y las cotizaciones.


Las resoluciones injustas e ilegales -así lo están diciendo los tribunales- del anterior gobierno de Dénia siguen deparando sorpresas desagradables para el nuevo ejecutivo pero, lo más importante, costosas para los ciudadanos. Ya hay sentencia sobre la sanción que impuso, en la pasada legislatura, la entonces alcaldesa Ana Kringe (PP) al delegado sindical del SEP, Andrea Pastor Zorita, al que suspendió de empleo y sueldo por cuatro años y medio por criticar en prensa la gestión municipal en la residencia de ancianos de Santa Llúcia. Y el fallo viene en el sentido que entonces todos, menos el PP, ya temían. Pastor Zorita tendrá que ser reintegrado a su puesto de trabajo y, además, el consistorio le deberá indemnizar con 30.000 euros por daños y perjuicios. Pero ahí no acaba el desembolso que va a tener que hacer el ayuntamiento: también deberá pagarle los salarios dejados de percibir durante el algo más de un año en que ha estado suspendido, y las cotizaciones correspondientes; una cifra que puede sumar más de 30.000 euros adicionales. En total, más de 60.000 euros que el ayuntamiento va a tener que sacar ahora de algún sitio.

 

El litigio que resuelve ahora la jueza titular del Juzgado númereo 1 de lo Social de Benidorm no es ninguna broma. No sólo por la repercusión económica que va a tener para las arcas municipales, sino también porque lo que falla la sentencia es que Kringe, con su resolución de sanción, vulneró uno de los derechos fundamentales de la Constitución española, como el de libertad sindical.

Hay que recordar que a Pastor Zorita le fue impuesta, en noviembre de 2014, una sanción de cuatro años y medio de suspensión de empleo y sueldo por distintos artículos publicados en prensa en los que él mismo y su sindicato, el SEP, denunciaban diferentes hechos ocurridos en la residencia de ancianos y criticaban la gestión que el ayuntamiento realizaba del geriátrico municipal. La sentencia considera ahora probada la veracidad de aquellas publicaciones, y recalca, además, que la mayoría de esas denuncias se emitían “por la sección sindical sin que ningún otro miembro de la misma se haya visto sancionado”. Por ello, “no cabe sino concluir” que la sanción “carece de justificación objetiva ajena a la vulneración de la libertad de expresión inherente a la libertad sindical y con vulneración a la garantía de indemnidad derivada asimismo del ejercicio de actuaciones sindicales”.

 

La sentencia concluye además que todas las críticas publicadas en prensa por Pastor Zorita y el SEP eran veraces y que, con ellas, cumplían con sus funciones como representantes sindicales.

 

Además, la jueza califica de “desproporcionada” la sanción impuesta por Kringe y la declara nula “por vulneración del derecho fundamental de libertad sindical”. Y es que, señala también el fallo, “existen evidentes indicios” de que ha existido esa vulneración en la sanción a un trabajador como Pastor Zorita que se ha distinguido en “su posicionamiento activo en la reivindicación de mejoras laborales y en la prestación de servicios” por parte del ayuntamiento. Y del que recuerda, además, que “no consta la existencia de expediente sancionador de ningún tipo” abierto contra él “en una relación laboral de una duración de casi 20 años”.

 

Ahora, el Ayuntamiento de Dénia dispone de cinco días para presentar un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana o, por contra, proceder a dar cumplimiento a la sentencia. Esa es una decisión que deberá tomar el actual gobierno local de PSPV y Compromís.

 

 

http://lamarinaplaza.com/2015/12/10/denia-debera-indemnizar-con-30-000-euros-a-un-delegado-sindical-al-que-sanciono-ilegalmente-ana-kringe/


POLÉMICA

Se ubicaron en la sede judicial sin permiso de los trabajadores

Los policías de Teulada tumban a su propia 'Stasi'

M.G. IVARS

ACTUALIZADO 07/12/201509:16

La película 'La vida de los otros' narraba como los servicios secretos de la República Democrática de Alemania, la Stasi, vigilaba a un escritor que empieza a ser crítico con el régimen comunista. Instaló cámaras en su domicilio y comenzó a registrar sus conversaciones, de las que los dirigentes del Partido Comunista tenían cumplida información. Pues algo aparecido pasó en el municipio de Teulada-Moraira hace algo más de un año, aunque sólo fuera con efecto disuasorio, cuando la Jefatura de la Policía Local instaló cámaras para controlarno sólo posibles delitos que se pudieran cometer en la vía pública, sino a controlar a sus propios agentes en la sede policial. Además, había otros siete puntos de vigilancia, entre ellos, el acceso a un instituto.

Y todo este entramado de cámaras le ha costado al Ayuntamiento de Teulada una infracción grave por parte de la Agencia de Protección de Datos, al considerar que ese uso de las cámaras es competencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y, por lo tanto, el consistorio no tiene habilitación legal para el tratamiento de imágenes y necesitaba el consentimiento de los afectados, algo que no tenía. El consistorio, como es evidente, ni disponía de las autorizaciones administrativas para tal fin ni ningún fichero de videovigilancia.

En el caso de la sede policial, el propio jefe de la Policía lo tuvo que confesar el 23 de julio de 2015. «No se ha informado a los trabajadores, ya que se trata de un sistema disuasorio». Esta confesión, que ha derivado en la infracción por parte de la Agencia de Protección de Datos, hay que ponerla en contexto. En los años 2013 y 2014, los sindicatos policiales y la jefatura de la Policía mantienen un arduo pulso: se habían cruzado varias denuncias, entre ellas, por las irregularidades en la gestión y cobro de la tasa de la grúa municipal, expedientes a agentes por consultar la documentación sin permiso, negativa a facilitar uniformes a los agentes...

El decálogo de estas denuncia fue otra más, presentada por UGT y el Sindicatos de Empleados Públicos (SEP), contra el ayuntamiento por la instalación de cámaras en la sede de la Policía Local, además de en edificios públicos y otros puntos de la red viaria. Hasta ocho puntos de grabación enumeró la denuncia. A juicio de los denunciantes, no se contaba con la autorización de la Delegación del Gobierno ni con el informe preceptivo de la Comisión de Garantías de la Vídeo vigilancia. Y, sobre todo, el uso de las cámaras se estaba usando para el control laboral de los agentes de la Policía.

La instalación de las cámaras y el puesto de control lo llevó a cabo la empresa Domingo Mira SL y las grabaciones generaban unos ficheros a las que sólo tenía acceso el Jefe de la Policía Local de Teulada. En abril de 2015 se supo que el sistema de vigilancia que había en la sede policial no funcionaba y por lo tanto, no generaba ningún fichero inscrito. Es decir, era de mentirijilla. En julio de ese mismo año, el jefe de la Policía lo reconoció.

Ahora, casi 14 meses después, la Agencia de Protección de Datos reconoce que las cámaras son ilegales, que sólo las pueden utilizar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que el consistorio no tiene permiso para ello, y que «lo intenta justificar en la normativa sobre tráfico y seguridad vial». Además, tampoco «tiene un fichero inscrito de videovigilancia» en el que los afectados deben dar su consentimiento para el uso de datos. Por todo ello, la Agencia abre el expediente de infracción, nombra a un instructor e insta al consistorio para que presente alegaciones en los próximos 15 días. Las cámaras han generado el efecto contrario: los policías las han tumbado.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/12/07/56647a6ee2704ee9318b4589.html

Los sindicatos SIPOL-CV, CCOO y SEP-CV del Ayuntamiento de Villajoyosa, muestran su contrariedad tras haber eliminado el pasado viernes día 27 de Noviembre de 2015 en la mesa de negociación, de un plumazo otras dos plazas de agentes de policía sin otro motivo que el llamado “plan de ajuste” que dura hasta el año 2024, que además también afecta al puesto de coordinador de deportes así como a cuatro plazas de conserje de deportes. Pues bien, no habría que poner el grito en el cielo si no fuera porque mientras se eliminan distintas plazas, y en concreto agentes de policía tan necesarias y reclamadas por estos sindicatos ante la carencia de efectivos, se crean plazas de técnico de normalización lingüística, de animador sociocultural y de Responsable de contratos al igual que dos jefaturas de negociado de Secretaría y estadística de Contratación que parece ser no se ven afectadas del mismo modo por el “plan de ajuste”.

Presumiendo que los ciudadanos de Villajoyosa serán conscientes de la vital importancia de dichas plazas propiamente burocráticas, son ya más de 35 puestos de la policía local los eliminados por el Ayuntamiento de Villajoyosa en los últimos años. La gravedad de la situación ha provocado que en la propia zona centro del municipio no haya ni un agente asignado de forma continuada, sucediéndose los robos a personas mayores que salen de las entidades bancarias tras hacer ingresos en la avenida del País Valenciano o la Calle Pizarro, quedando sin vigilancia alguna plazas y parques.

La misma suerte corre partidas rurales y zonas de huerta que carecen de presencia policial alguna, habiendo proliferado por ello la comisión de robos en casetas y fincas con total impunidad, y lo que es peor, sin perspectiva de mejora a tenor de la política en materia de seguridad adoptada por el actual consistorio, que se agrava más si cabe con los eventos de carácter lúdico/deportivo que se siguen autorizando que supone el corte de calles y la regulación del tráfico sin tener en cuenta lo que estos sindicatos vienen denunciando desde hace meses.

La gravedad de este reiterado interés en dañar a la Policía Local, ha motivado que se convoque una asamblea general de los sindicatos arriba firmantes, donde han quedado convocados todos los funcionarios adscritos a la concejalía de seguridad, y se han determinado, por unanimidad, las medidas a adoptar para dar solución a este escenario tan precario, haciendo especial hincapié en informar a los vecinos de la Vila Joiosa de la política malintencionada del Ayuntamiento, que acarreará consecuencias muy negativas para ellos a buen seguro.

Lo cual se firma en prueba de veracidad y conformidad de lo antedicho, en Villajoyosa (Alicante), a 4 de Diciembre de 2015

 

 

Se eliminan en Villajoyosa otras 2 plazas de policía … el Ayuntamiento en contra de la seguridad en La Vila

Lunes, 30 Noviembre 2015 18:05

RESCATE CONTRATA DE JARDINES-AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Escrito por

El Ayuntamiento se ahorrará casi 300.000 euros al rescatar la contrata de jardines

Aunque el coste de ejecución material y de personal sea mayor, el IVA y el beneficio empresarial suponen casi un millón de euros al año

El Ayuntamiento municipalizará el servicio de limpieza de parques y jardines con toda seguridad cuando concluya el actual contrato, en julio. El equipo de gobierno ha tomado esta decisión tras conocer el informe del departamento de Control Económico que verifica el beneficio de casi 300.000 euros para las arcas públicas si el trabajo lo efectúan funcionarios en lugar de la empresa privada. En concreto, 279.317,27 euros anuales.

En este prolijo informe se detalla el funcionamiento de este servicio y los gastos que se derivan de su funcionamiento. El técnico concluye que, a pesar de que el coste de ejecución material sea mayor, la resta del IVA y del beneficio empresarial le compensa al Ayuntamiento. El grupo municipal de Guanyar siempre se ha mostrado a favor de municipalizar servicios precisamente con este argumento, el del ahorro por estos conceptos.

Por estos conceptos, la Concejalía de Medio Ambiente paga todos los años cerca de un millón de euros (916.051,80 euros). Quitando este montante, le quedan esos casi 300.000 euros que se puede ahorrar por un servicio que pueden hacer con sus propios medios.

El coste anual de la contrata de parques y jardines tras la última adjudicación es de 4.461.143,93 euros, según los últimos presupuestos. Salió por un precio de 4,5 millones y se adjudicó por 4.273.612,03 euros anuales. Se encargan de «las tareas de mantenimiento y conservación del césped, poda de árboles y palmáceas y tratamiento fitosanitarios en general», según el borrador del informe al que ha tenido acceso este diario. Quedan excluidas las partidas rurales y los colegios públicos, así como la red portuaria de Alicante.

En el informe se analizan los costes de personal (que suponen dos terceras partes de la contrata), maquinaria y hasta de administración para el supuesto de que el Ayuntamiento revirtiera el servicio.

En el primer caso, el adjudicatario indica que, del personal mínimo de 90 empleados que necesita para realizar sus tareas, entre bajas, sustituciones y mejoras llega hasta los 116. Estos empleados tienen una jornada anual muy superior a sus homólogos municipales (1.700 horas al año frente a las 1.500 de un funcionario).

Esto es importante, porque en el caso de los funcionarios es necesario aumentar la plantilla hasta los 131 empleados equivalentes (frente a los 116 del contratista). Ya, por lo pronto, se estarían creando 15 puestos de trabajo más.

Se ha tomado el supuesto de que sea personal funcionario, sale negativo para las arcas municipales, puesto que se aumenta el coste un 13,32% respecto a la contrata. En el caso de funcionarios de carrera, tras la reducción de costes de Seguridad Social y demás aún es superior un 8%. Suponen 3.502.847,46 euros, según el informe del técnico municipal.

En el capítulo de gastos queda el último tercio, que son los costes de materiales, vehículos y maquinaria, puesto que el de administración es igual que el del empresario. A pesar de las tachas que el economista municipal le pone a la amortización que realiza el contratista, toma como referencia el presupuesto del adjudicatario para sacar sus conclusiones.

Estas son que el presupuesto de ejecución material es de 4.077.903,36 euros anuales en caso de que el Ayuntamiento asuma las tareas. Obviamente, es mayor que el de la contrata, que se queda en 3.441.168,81 euros, incluso superior a la licitación.

Lo que en un principio podría ser negativo, que la diferencia es de 636.734,55 euros en contra de los intereses municipales, se torna en positivo todo seguido cuando el técnico incluye los dos conceptos de «beneficio empresarial» e IVA (21%), de casi un millón.

Este primer borrador marca el camino al resto de servicios que el Ayuntamiento quiere municipalizar. Algunos de los informes ya están prácticamente concluidos, como es el caso de la contrata de limpieza del cementerio. Aquí se trata de un servicio con doce empleados casi con las mismas características que la contrata de parques y jardines, por lo que la complejidad es mucho menor.

En principio, según fuentes municipales, sería el siguiente que el Ayuntamiento recuperaría, puesto que sería beneficioso para las arcas municipales. El personal de la contrata, como con la de parques y jardines, lo asumiría Medio Ambiente.

Al respecto son los únicos inconvenientes que le pone el técnico, puesto que indica que la cuestión puede ser litigiosa y que se consulte con los servicios jurídicos municipales en este caso y, también, con el Ministerio de Hacienda para que autorice aumentar personal.

Esta consulta ya está hecha. El departamento de Cristóbal Montoro habría dado el visto bueno siempre que se mantenga el equilibrio presupuestario. Es más, según indicaron fuentes municipales a este periódico, la responsable estatal de Hacienda con la que se entrevistó la delegación alicantina les habría recomendado la municipalización.

 

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